La Asamblea Nacional de Ecuador amaneció este miércoles rodeada de militares y policías. A los políticos que se acercaron para participar en la segunda jornada del juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, se les prohibió el paso. El mandatario había tomado una decisión drástica para frenar el proceso en su contra. Por primera vez en la historia de Ecuador, decretó la disolución del Parlamento alegando que el juicio, que podría provocar su destitución por haber tolerado un supuesto caso de corrupción, había provocado una “grave crisis política”. La medida obliga a adelantar las elecciones legislativas y presidenciales. Mientras tanto, Lasso gobernará por decreto durante seis meses. En ese tiempo se espera que anuncie si aspira a la reelección.
Acaban así dos años de mandato del político conservador que ha acabado acorralado. En los últimos días había estado negociando votos entre la oposición para que el juicio político no saliera adelante, pero temía que a última hora la presión para su destitución fuera mayor. Lasso no quería que la que considera una Asamblea de poca talla política acabara con su mandato, por eso ha preferido invocar la figura constitucional de muerte cruzada, que cierra su periodo, pero también el de los parlamentarios. Además, le deja una puerta abierta a presentarse en las próximas elecciones.